Aspectos esenciales de la protección de la salud nunca deberían haberse regulado por decreto, sino mediante una norma con rango de ley. Esta es la justificación del Tribunal Supremo para anular el decreto aprobado en 2006 por el Gobierno de Zapatero y que establecía las normas de calidad y seguridad para la donación, obtención, procesamiento y almacenación de células madre y de cualquier tejido humano.

El Real Decreto se hizo entonces para adaptar una directiva europea, pero sobre todo para regular un asunto entonces muy polémico: la proliferación de familias que enviaban a centros privados en el extranjero la sangre del cordón umbilical de sus hijos para su posible uso en el futuro. Estos bancos de cordón guardaban el tejido a las familias con la esperanza de que pudiera convertirse en un tratamiento eficaz para enfermedades de difícil solución, pero Sanidad no veía con buenos ojos la participación de entidades con ánimo de lucro.

Al final se decidió autorizar el proceso y la instalación de estos bancos privados en España, aunque con criterios tan estrictos que muchas familias españolas siguieron enviando sus cordones fuera de España. El Real Decreto, entre otras cosas, exigía a las familias que pusieran su cordón a disposición de cualquier enfermo que lo pudiera necesitar. De manera, que después de pagar por la conservación para uso familiar podrían quedarse sin recurrir a él si algún día lo necesitaban.

Ahora la sentencia del Supremo invalida toda esta normativa. Aunque el Real Decreto regula la donación y conservación de todos los tejidos humanos, solo deja en el aire la regulación de los bancos de cordón umbilical. «Lo esencial del decreto está cubierto por normativas autonómicas y otras legislaciones», aseguró ayer a ABC Rafael Matesanz, director de la Organización Nacional de Trasplantes.

El Ministerio de Sanidad está viendo cómo resolver esta situación y aprobar una nueva normativa en el menor tiempo posible. La redacción y aprobación de una ley podría llevar más de año y medio, por lo que queda descartado. Otra opción es incluirlo en otra ley que ya esté en trámite, como una disposición adicional. O elaborar un decreto con rango de ley y carácter de urgencia en el próximo trimestre.

En el debate, el Ministerio de Sanidad, que ahora dirige Ana Mato, podría aprovechar también para acabar con los criterios tan estrictos que estableció el Gobierno socialista.

Lo reclamará Vidacord, el único banco privado español que opera en España e impulsor de la demanda. Su fundador, Ángel Álvarez, quiere que la próxima ley considere la guarda de sangre de cordón umbilical como un depósito y no como una donación autóloga o propia. Álvarez, que considera «un gran logro» la sentencia del Supremo, también confía en que se deje libertad a las familias para decidir si quieren donar su cordón o conservarlo para uso propio. «Yo soy donante de médula y el día que me la reclamen nadie me obligará a cederla».

ABC

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