No hay que demonizar los conciertos, deben ser un apoyo para el sistema en el que impere la transparencia

Diecisiete servicios de salud, uno por comunidad, además del Ingesa, que presta atención a Ceuta y Melilla, coordinados por el Consejo Interterritorial forman el SNS, pero, ¿ha cumplido sus funciones de coordinación este órgano? Para Vicente Matas, vocal de Atención Primaria Urbana (APU) de la Organización Médica Colegial (OMC), «parece que no» si se tiene en cuenta que hay 18 sistemas informáticos, y lo mismo ocurre con los modelos de receta, los calendarios vacunales, las historias clínicas y los concursos de traslados y de oposición.

En relación con el gasto en sanidad por habitante en las distintas comunidades, Matas incidió en que las diferencias no responden a criterios objetivos y, además, «son escandalosas, más de 500 euros por habitante y año», lo que supone el 48,4 por ciento entre la que gasta más y la que menos, por lo que, a su juicio, la igualdad no es efectiva. Apuntó a que es necesario un presupuesto sanitario que sea finalista y equitativo, en función de criterios objetivos —tales como la dispersión y la edad—, gestionado por las comunidades y que garantice una cartera de servicios común básica para toda la población.

Coincidió con él la presidenta del Colegio de Médicos de Zaragoza, Concepción Ferrer, para la que no es positivo que cada región cuente con una sanidad diferente aunque, estando en este punto en el que existen tantas desigualdades, habrán de buscarse vías de entendimiento y de unidad con una cartera básica de servicios común que se respete, así como un programa informático, tarjeta sanitaria e historia clínica común. Estos planteamientos de base y de unidad puede llevar a una medicina mucho más del futuro y con mejores expectativas para la atención al paciente, recalcó para añadir que cada vez se distancian más los servicios y prestaciones que se ofrecen al ciudadano en las distintas regiones. Eso sí, matizó que todo hay que ajustarlo al lugar en el que se va a aplicar.

Jaume Padrós, presidente del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona, por su parte, se mostró «absolutamente en contra de la recentralización» de competencias por parte del Estado, pero también de la irracionalidad, ya que, en su opinión, puede haber 17 modelos de gestión sanitarios distintos pero «parece un atraso» que las tarjetas sanitarias de las distintas regiones «tengan lecturas distintas» o que el médico que atiende a un paciente en una comunidad diferente a la que pertenece no tenga acceso a la historia del mismo o a alguna forma de identificación que lo permita. «Todos los mecanismos de coordinación y de gestión tienen que hacerse compatibles, no solo dentro del mismo estado, sino de la Unión Europea», recalcó.

En relación con el hecho de que se incremente la coordinación entre las distintas regiones, incidió en que si por ello se entiende que «un señor en Madrid decida para todos», no está de acuerdo con ello. Si estaría, sin embargo, a favor de que se pongan en común las distintas opiniones y «entre todos» se llegue a un acuerdo, como, por ejemplo, en el Consejo Interterritorial, le parece que sería bueno. Agregó además que, en este caso, deberían ser «mandatos obligados».

Sin embargo, recalcó que, a su juicio, es un hecho fundamental a la hora de tomar este tipo de decisiones saber «quién maneja el dinero» porque si desde el ministerio de Sanidad se incrementan las prestaciones pero son las comunidades las que tienen que financiarlas, deberían ser éstas últimas las que prioricen qué financiar en función de las necesidades de la región. «Es muy fácil decir que las comunidades tienen que hacer esto y lo otro, pero si después no se pone el dinero encima de la mesa, se puede acabar ahogando al sistema que tenemos», recalcó.

Por otro lado, el vocal de APU denunció que el acuerdo de los ministerios de Sanidad y Hacienda por el que se liga el gasto farmacéutico a la evolución del producto interior bruto (PIB), junto con el compromiso de España con la Comisión Europea de recortar el presupuesto de sanidad pública hasta el 5,3 por ciento del PIB para el año 2018, supondrá «importantes recortes adicionales» de salarios y plantilla en el SNS.

En cuanto a la situación concreta de la primaria, Matas lamentó que los recortes hayan sido mayores en la primaria cuyo presupuesto es «totalmente insuficiente» por lo que, a su juicio, no podrá mantener «su alto nivel resolutivo» —del 90 por ciento— y el SNS «tendrá problemas graves».

Asimismo, alertó de que más eficiencia a instancias de los recortes puede suponer ineficacia, al menos en algunos aspectos, y especialmente en AP, ya que muchos centros están «al límite de esfuerzo».

Como conclusión, solicitó unos presupuestos suficientes, finalistas y equitativos con criterios objetivos, proporcionales en el caso de la AP, y una historia clínica y una receta electrónica compatibles e interoperables.

En otro orden de cosas, Ferrer, apuntó a que los conciertos entre pública y privada varían mucho entre regiones. En Aragón, por ejemplo, son en muchas ocasiones conciertos por servicios, pero «no es para temas de gran envergadura», como la reducción de listas de espera o la radiología en un momento determinado o la atención a cuidados paliativos en situaciones terminales, ya que en este último caso sí tienen un concierto con el hospital privado San Juan de Dios.

Eso sí, cuando se produce este tipo de colaboración público-privada tiene que haber «una gran supervisión y transparencia en ellos» pues, a su juicio, no hay que demonizar los conciertos sino tenerlos en cuenta como un apoyo para el sistema público.

Fuente: Gaceta Médica

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