La Mesa de la Profesión Enfermera prepara su propio recurso paralelo a las comunidades

EXTREMADURA SE SUMA A CANTABRIA EN LA OFENSIVA JUDICIAL

Redacción. Mérida. 
La Consejería de Salud y Políticas Sociales de Extremadura ha solicitado permiso al Consejo de Gobierno de la Junta para presentar ante la Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo un recurso contra el real decreto que regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros, con la finalidad de «buscar la suspensión cautelar» en la aplicación de dicha medida estatal.

Se trata de la segunda comunidad que presenta un recurso contra este real decreto después de Cantabria, que lo hizo el pasado mes de diciembre tras una notable defensa de la capacitación profesional del personal de enfermería. A ello se suma el recurso que está preparando la Mesa Estatal de la Profesión Enfermera o la autorización que el Gobierno catalán en funciones dio al Departamento de Salud para actuar contra la medida.

El Ejecutivo autonómico extremeño basa su pretensión de que se acometa una «suspensión cautelar» del citado real decreto en que dicha administración «no» tiene «todos los mecanismos para que pueda llevarse a la aplicación inmediata» dicha medida nacional «en los términos en los que dice».

De este modo lo ha avanzado en rueda de prensa este jueves en Mérida el consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, quien ha añadido que, al mismo tiempo, la Junta mantiene «en estudio» jurídico un recurso por la «posible limitación» del derecho que contempla una legislación de «rango superior» a la actividad de Enfermería. Dichos planteamientos de la Administración autonómica surgen ante la publicación del citado real decreto estatal, que plantea a juicio de la misma «problemas muy importantes de funcionamiento» en la organización del Servicio Extremeño de Salud (SES).

En esta línea, Vergeles ha considerado que dicha medida supone un «auténtico atropello» cuyas consecuencias son que «enfrenta de forma estéril» a los médicos y a los enfermeros, que «trabajan habitualmente en un ambiente de colaboración y en un trabajo absoluto en equipo».

Montón pide un Interterritorial urgente

Por otro lado, a consejera de Sanidad valenciana, Carmen Montón, se ha dirigido por carta al Ministro de Sanidad,  Alfonso Alonso, para solicitarle la convocatoria urgente del Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, para abordar las consecuencias del decreto de prescripción enfermera.

Montón ha reclamado que se convoque con carácter de urgencia la reunión extraordinaria del Consejo Interterritorial, así como la suspensión inmediata de la entrada en vigor de dicho decreto, que introduce importantes cambios que alteran las competencias del colectivo de la enfermería en cuanto a prescripción de fármacos y puede alterar la necesaria coordinación con el colectivo médico.

A juicio de la titular de Sanitad, el real decreto “contraviene lo establecido en la Ley de Garantías y Uso Racional de Medicamentos y Productos Sanitarios, va en contra de los intereses de los usuarios al comprometer su accesibilidad al Servicio Sanitario Público”.

La consejera entiende que el decreto puede poner en peligro la adecuada atención al paciente, aumentar las cargas burocráticas, además de no tener en cuenta la alta cualificación profesional de la enfermería en nuestro país. Su puesta en marcha sin el adecuado consenso, puede generar graves problemas organizativos en el modelo asistencial.

Fuente Redacción Médica

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