Rosell aboga por poner en marcha un mecanismo que permita el trasvase de gestores de la privada a la pública
En un sector como el sanitario, «cuya necesidad social resulta incuestionable», y en el que sus aportaciones y resultados en la salud y en la calidad de vida de los ciudadanos son determinantes para el estado de bienestar, el Libro Blanco de la Sanidad y de lo Sociosanitario, elaborado por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), considera que las empresas que desarrollan su actividad en estos ámbitos son «socios estratégicos» de los sistemas sanitario y sociosanitario públicos.
En su opinión, las dificultades económicas que ha sufrido el país han llevado a los poderes públicos a adoptar medidas que han «tensionado la calidad y la excelencia del SNS». En este sentido, Juan Rosell, presidente de la CEOE, recordó que «no hay dinero infinito», por lo que es necesario mejorar la gestión y priorizar las necesidades.
Entre las propuestas que la CEOE hace en este documento que afectan de manera transversal a todos los sectores, se encuentran la despolitización de la sanidad con el objetivo de evitar la toma de decisiones con motivos políticos o electorales sin tener en cuenta las necesidades reales. Asimismo, aconsejan promover la cohesión y equidad del sistema a través de medidas que no impliquen desigualdades interterritoriales ni amenazas a la unidad del mercado y a la suficiencia y sostenibilidad del sistema, para ello consideran que se requiere de mayor seguridad jurídica para operadores y proveedores, más coordinación entre el ministerio y las comunidades y del desarrollo de estrategias de salud.
En esta misma línea, apuntan a la necesidad de revisar los presupuestos y la inversión sanitaria evitando morosidad e impagos de las distintas administraciones a las empresas proveedoras y prestadoras de servicios. También aseguran que resulta «clave» dar continuidad a los procesos asistenciales, integrando el sector sanitario y social, así como el público y el privado y que debe de garantizarse el acceso de los pacientes a las mejores y más eficaces técnicas sanitarias disponibles en el tiempo más corto posible y en condiciones de igualdad en toda España.
Concretamente para hospitales y clínicas privadas, aconseja a la Administración reconsiderar la cuantía del IVA a la actividad de estos establecimientos, cuyas subidas «les perjudican gravemente», recuerda que la concertación con el sector público es una medida de mutuo beneficio para este sector y para la pública. Asimismo, pide «un esfuerzo» al sector público para reducir la deuda que mantiene con las clínicas y hospitales privados, que en algunos casos supera el millón de euros.
En otro orden de cosas, Rosell incide en que «algún mecanismo habría que poner encima de la mesa» para atraer a gestores privados a la pública. Para ello, propone que cobren «aproximadamente lo mismo que cobraban aunque estableciendo topes salariales». Además, detalla que los que deciden ir del público al privado también deben tener condiciones que permitan que luego puedan volver al sector público. Es un debate importante.
Carlos González Bosch, presidente de la Comisión de Sanidad de la CEOE, por su parte, incidió en que el próximo gobierno debe plantearse seriamente la financiación de la llamada ley de dependencia «y, sobre todo, tener respeto a lo que dice la propia ley».
