Babín alega que la normativa requiere pasar por las Cámaras y “están a punto de disolverse”
Miércoles, 09 de septiembre de 2015, a las 10:00
Redacción. Madrid
El delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Francisco Babín, ha confirmado que la ley contra el consumo de alcohol en menores que preparaba el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad se retomará en la próxima legislatura, ya que, se conseguido “tarde” un acuerdo con los sectores implicados.
Ya se ha avanzado mucho camino para que se aborde en la próxima legislatura”, ha defendido en declaraciones a los medios durante la presentación de la nueva página web del Plan Nacional sobre Drogas, después de haber conseguido un “consenso de base importantísimo” con los sectores del vino, la cerveza y bebidas espirituosas.
No obstante, Babín ha reconocido que este consenso se alcanzó “lo suficientemente tarde” como para que no haya dado tiempo a “hacer todo un procedimiento como el que implica la aprobación de una ley, ya que las Cámaras están a punto de disolverse”.
“La herencia que dejamos para el Gobierno que venga es muy interesante”, ha defendido el delegado del Plan Nacional sobre Drogas, que justifica este retraso en “el compromiso del Gobierno de que esa ley saliera adelante si había el suficiente grado de consenso entre todas las partes, que son muchas”.
La ley lleva pendiente desde 2013
La norma, que fue anunciada por el Ministerio en 2013, pretendía unificar las directivas autonómicas relativas al consumo de alcohol para, entre otras cuestiones, fijar la edad legal para la venta y consumo a partir de los 18 años, a pesar de que actualmente los jóvenes comienzan a beber con 13,9 años de media.
Además, según algunos de los borradores elaborados, también está previsto unificar y endurecer las sanciones para los establecimientos que faciliten el acceso de estas bebidas a los menores de edad, con la posibilidad de establecer distinciones en función de su graduación, de modo que las multas por vender cerveza o vino serían más bajas que por bebidas espirituosas como ron, whisky o ginebra.
Diferencias entre bebidas
Esta diferenciación del vino y la cerveza con el resto de bebidas alcohólicas no se produjo en la norma que propuso hace casi diez años el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, con Elena Salgado como ministra de Sanidad, que precisamente motivó las protestas del sector cervecero y vinícola y finalmente fue retirada.
Por otro lado, también podría establecer sanciones a los menores por el consumo de alcohol en lugares públicos, sobre todo si además conlleva alguna alteración del orden público, en cuyo caso el consumo podría ser un agravante a la hora de establecer una multa o sanción.
Asimismo, preveía establecer una franja horaria en televisión en la que estarían prohibidos los anuncios de bebidas alcohólicas, que podría alcanzar también a los horarios de máxima audiencia, que en este caso sí afectaría también a fabricantes de cerveza y vino.
EL RESTO DE GRUPOS DEL SENADO SE HA ABSTENIDO O HA VOTADO EN CONTRA
PP y Podemos aprueban juntos una moción para crear el Registro Nacional de Pacientes
Los senadores de Podemos han pedido garantizar que los datos no puedan cederse a empresas privadas ni externalizarse su procesamiento
Miércoles, 09 de septiembre de 2015, a las 11:18
David García. Madrid
El PP ha aprobado con sus votos a favor, y los de los senadores de Podemos, una moción en el Senado por la que se insta al Gobierno a que, en colaboración con las Comunidades Autónomas y, en el seno del Consejo Interterritorial, ponga en marcha todas las medidas necesarias que faciliten la creación de un Registro Nacional de Pacientes.
Los senadores de Podemos han votado a favor de la iniciativa después de proponer tres enmiendas de adición al texto presentado por el PP. Los populares han aceptado las tres modificaciones y ambos partidos han apoyado la iniciativa, lo cual ha generado las críticas del senador socialista José Vicente González.
El PP ha defendido la iniciativa de la mano de su senador Antonio Alarcó, que ha definido como de “trascendente” la necesidad de crear este registro y que, según ha explicado, “es una reivindicación de todas las CCAA, de los profesionales, de las especialidades y de las profesiones sanitarias”.
Alarcó ha definido el registro como “una auditoría interna permanente”, “un índice de calidad asistencial” que ofrecerá “datos de supervivencia, una estimación de lo que estamos haciendo con los fármacos y los resultados de las terapias”.
“Todo eso hay que medirlo, no para recortar sino para mejorar”, ha resumido Alarcó, que ha garantizado que el registro funcionará “con consentimiento informado” y de acuerdo a la ley de protección de datos.
Las enmiendas de Podemos
Los senadores de Podemos han incluido tres enmiendas de adición aceptadas por el PP, por lo que han votado a favor.
En dichas enmiendas se especifica que la información obtenida es propiedad del SNS y/o de sus servicios autonómicos de salud, “sin que pueda cederse a empresas privadas ni externalizarse su procesamiento”. Además, aclara que “la información registrada deberá resguardar la privacidad de los datos que pudieran identificar a las personas”, e incluye una puntualización sobre la finalidad del registro, indicando que la información recogida “será usada para la investigación con la finalidad de mejorar la calidad asistencial y la equidad del sistema sanitario público”.
El resto de partidos, críticos
Aunque el senador popular Antonio Alarcó ha pedido encarecidamente al resto de grupos que apoyaran su iniciativa al no tratarse de una moción “ideológica”, finalmente no ha sido así.
Desde el Grupo Vasco, su senador José María Cazalis ha declarado que “no deja de ser una historia clínica al uso” y ha valorado la “dificultad e inviabilidad” de poner en marcha el registro. Finalmente ha explicado que son más partidarios de desarrollar la historia clínica y en todo caso el intercambio de su información.
Desde la Entesa, Mónica Almiñana ha reclamado una cultura de la privacidad de nuestros datos para evitar que terceros con intereses (como la industria farmacéutica, según ha citado) se hagan con esa información. La senadora catalana se ha preguntado también quién va a gestionar esa información y ha puesto en duda que haya alguien en España capaz de hacerlo. Finalmente, ha anunciado su intención de abstenerse “por prudencia” y por ser un tema muy importante como para tratarse en una moción así.
Por su parte, María Teresa Rivero, de CiU, ha calificado la propuesta de “poco concreta” y que “no genera mejoras asistenciales” y “es un brindis al sol”. Rivero ha defendido “que la colaboración sea en red, en ámbitos previamente acordados” y para ello no es necesario la creación de este registro. Además, la senadora catalana ha afirmado que “no tenemos la madurez suficiente para el tratamiento de datos a nivel de las CCAA”, y finalmente ha expresado su voto en contra.
Por último, el senador socialista José Vicente González, ha admitido que la moción es “de gran trascendencia para poder investigar y avanzar en el seguimiento de los tratamientos”, pero ha criticado que en el texto de la moción, el PP diga que hay que “la recogida de datos es tediosa” y hay “que dotarla de recursos”, y después en un documento añadido expresen que la medida no generará coste. Además, ha criticado que esta moción se lleve al Pleno del Senado al final de la legislatura “cuando ni siquiera da tiempo a convocar al Consejo Interterritorial”. Así, ha anunciado su abstención.
Fuente: Redacción médica
